Facua exige un seguro de responsabilidad civil para cubrir el riesgo de quiebra de clínicas dentales

Abril 20 , 2020 // Las Especialidades :

Publicado en Europa Press

Facua-Consumidores de Acción ha exigido al Gobierno que modifique la normativa que regula las clínicas dentales para asegurar la protección de los clientes que se encuentran bajo tratamientos, implementando la exigencia de un seguro de responsabilidad civil que cubra el riesgo de quiebra de estas empresas.

 

Así lo ha trasladado la organización de consumidores, después de que se conociese que Dentix ha solicitado el preconcurso de acreedores, con el objetivo de poder llegar a acuerdos de financiación con sus principales acreedores, entre los que se incluye su posible entrada en el capital.

Casi dos años después de que estallase el escándalo de iDental, Facua critica que ni el anterior Ejecutivo ni el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez hayan acometido ningún tipo de modificación de la normativa que regula las clínicas dentales.

 

Facua ya advirtió entonces que estas leyes "resultan insuficientes para garantizar la protección de los derechos de los usuarios", por lo que reclamaba una serie de modificaciones, entre las que consta la exigencia del seguro de responsabilidad civil que incluyera el riesgo de cierre o quiebra del negocio.

Además, Facua reclamó al Gobierno que se reforzaran los controles de la administración a estas clínicas, se regulasen las autorizaciones y procedimientos de cierre en aquellas comunidades autónomas que aún no lo hacían y que se revisaran las sanciones que se deben imponer en caso de que incurran en incumplimientos de la norma.

 

También instó a que se regulara la información de la clínica que debe estar disponible al público, tanto en cartelería como en toda la documentación que se entregue al usuario, para que los usuarios pueden saber a quién se tienen que dirigir a la hora de reclamar por un cierre o cualquier otro tipo de problema.

La organización recuerda a los usuarios que, si se ven afectados por el cierre y la no prestación de los servicios contratados, tienen derecho a que se anule la financiación de los tratamientos, si fueron contratados exclusivamente para ese fin, en el momento en que queden interrumpidos.

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