El miedo como táctica de venta e incremento del precio de pólizas de seguro

Mayo 15 , 2020 // Las Especialidades

Publicado en Redacción Médica

La humanidad se enfrenta a un enemigo invisible que ha recibido el nombre de Covid-19, mucho más asesino y letal de lo que nos dijeron. Nos toca pelear en nuestros domicilios, en la calle y en los centros sanitarios, con un frente muy claro situado en cada uno de nuestros hospitales, -hoy sostenidos por la determinación de los profesionales que los ocupan-, y una retaguardia incapaz porque sus dirigentes también lo son desde que se inició este conflicto. A excepción de la solidaridad de la mayoría, todo ha salido mal y no faltan razones: hemos regateado en el que antes era nuestro principal y más destacado servicio, el sanitario. Y, para colmo, la mala gestión de nuestras autoridades, tras el primer ataque a China y luego a Italia, ha contribuido de forma eficaz al fatal desenlace. Se ha ocultado información, se han permitido manifestaciones y eventos multitudinarios que la OMS había desaconsejado en reiteradas ocasiones, no se ha querido reaccionar a tiempo por una desmesurada protección de las finanzas frente a la salud, se falsean datos, no se hacen todas las pruebas porque no hay test y han muerto nuestros seres queridos porque no había respiradores para ellos o por haber sido abandonados en algunas residencias a su suerte. Y es una verdadera pena porque no hay falta de medios, más bien gestión inadecuada. Desde la Asociación 'El Defensor del Paciente' queremos advertir que, ante semejante escenario de inseguridad, crítica, debilidad y dolor, es el momento propicio para que aparezcan oportunistas en forma de despachos de abogados, plataformas o asociaciones creadas en estos días con la aparente finalidad de ayudar, cuando, en realidad, encierran motivos mercantilistas cuya intención es aprovechar el instante y hacer reclamar a quienes han sufrido una pérdida a pesar de no tener la mínima oportunidad de vencer en pleito.

Por esta razón, para evitar reclamaciones infundadas, la Asociación ha sido pionera en el desarrollado del Decálogo de los motivos de reclamación por daños y perjuicios en la salud derivados del Covid-19. Y entre los motivos que van a destacar por su mayor casuística están el abandono de ancianos en residencias, el contagio de profesionales sanitarios y de estos a sus familiares por falta de test y EPI, o pacientes que han fallecido esperando un respirador o no han sido ingresados en UCI por una lista de espera mal gestionada por las Administraciones públicas. Se podrá reclamar en los supuestos en los que los pacientes no acceden a la asistencia que precisan, cuando podían haber sido derivados a otro centro público o privado con más medios, ya fuera de la misma o diferente Comunidad Autónoma. Y no hablamos de derivación de pacientes críticos entre hospitales, sino de haber ofrecido a los pacientes con síntomas la opción de acudir al centro con menos carga asistencial para que, cuando aparecieran las posteriores complicaciones, tuvieran alguna oportunidad. En los supuestos de urgencia vital, cuando un paciente no puede ser atendido en la sanidad pública de su Comunidad Autónoma por encontrarse saturada, la Ley determina que podrá acudir a otro centro. Sin embargo, por una falta de organización inexcusable, las Administraciones públicas no lo han gestionado, con las consecuencias que ahora sabemos. Tampoco parece oportuno hablar de guerra. Quienes utilizan este término lo hacen para allanar el camino al instituto de la fuerza mayor -hecho imprevisible e inevitable o que siendo previsible fuera irresistible- y así eludir su responsabilidad. En definitiva, los facultativos pueden estar tranquilos porque desde la Asociación 'El Defensor del Paciente' consideramos que no va a existir un incremento de reclamaciones, demandas o querellas frente a los mismos como consecuencia del contagio de coronavirus. Ellos no son responsables de la tragedia que vivimos, son más bien parte agredida. Sin duda alguna, las acciones judiciales se van a centrar frente a las Administraciones públicas y algunas residencias privadas. Y el procedimiento protagonista será el de reclamación frente al Ministerio de Sanidad y frente al Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma correspondiente, cuando se demuestre que el daño es antijurídico, es decir, que la víctima o perjudicado no tienen obligación de soportarlo. Aquí se incluiría la falta de iniciativa del Ministerio de Sanidad y de las Consejerías de Sanidad de las respectivas CCAA a pesar de tener, con antelación suficiente, el ejemplo de Italia y China. Mucho antes de desbordarse la situación en España, la OMS nos había advertido de la necesidad urgente de comprar material de protección y medicamentos, pero los responsables hicieron caso omiso y decidieron esperar a ver qué pasaba. Y otro procedimiento será el que enfrente a los perjudicados y determinadas aseguradoras de la sanidad pública y privada ante la jurisdicción civil.

En cualquiera de los supuestos, salvo excepciones aisladas, el facultativo no será el sujeto responsable de las consecuencias dañosas. Las reclamaciones podrán prosperar cuando se acredite que, en el caso concreto, el responsable de la asistencia -normalmente la Administración pública- pudo haber evitado el daño o disminuido el riesgo. Por este motivo, la Asociación desaconseja reclamaciones colectivas. No se da aquí identidad de casos como en el derecho bancario. Cada víctima o perjudicado merece un trato individualizado desde el punto de vista pericial, jurídico, administrativo y, en su caso, judicial. Pero, atención, porque en la situación actual también habrá despachos de abogados que pretendan obtener rendimiento económico del sector médico por la vía del miedo. Ya lo hemos visto cuando algún abogado del despacho Legal Group, dedicado a la defensa de aseguradoras y, cuando se presenta la ocasión, de pacientes, ha sido capaz de publicar un artículo en el que se publicita sin pudor alguno. Y, después de introducir al lector en el escenario del miedo, ofrece sus servicios adornados por un reiterado peloteo envuelto con numerosos aplausos. Así, el citado abogado atemoriza al sector médico con frases como “muchos Servicios Autonómicos de Salud no ofrecen póliza de seguros a sus profesionales”, “las aseguradoras pueden excluir los siniestros por el estado de alarma; pueden existir franquicias o simplemente no disponer de suficiente capital contratado”, y finaliza con una frase que desborda la realidad al llegar a sostener que “quizás quien tenga que enfrentarse a los gastos y a las indemnizaciones sea el propio profesional”. Y no contento con semejantes afirmaciones, pronostica un aumento de la judicialización de nuestros profesionales sanitarios. Pero tranquilos porque, según concluye su texto, “si una vocación nos define es la pasión por vuestra defensa”; es decir, allí están ellos para salvar a los facultativos, previo pago de sus honorarios lógicamente. No cabe la menor duda de que esta oferta, precedida de una atmósfera de pánico, debería ser objeto de revisión deontológica. En fin, es verdad que existirá un incremento de la judicialización, pero resulta incuestionable que la infantería apuntará hacia las Administraciones públicas, de ninguna manera hacia los facultativos, por lo que la táctica del miedo debe quedar descartada desde el punto de vista jurídico para quedar reservada a los vendedores de pólizas de seguros. Por otro lado, es preciso advertir algo sobre lo que pocas veces se habla en nuestro ámbito; nos referimos al rechazo de acuerdos extrajudiciales por determinados letrados, que suelen ser siempre los mismos, para ocasionar litigios que luego cobrarán de las aseguradoras y, posteriormente, prolongarlos eternamente para rentabilizarlos lo más posible. Semejantes conductas son las que provocan un incremento de la litigiosidad y que las indemnizaciones lleguen a duplicarse por los intereses, como se duplican los honorarios de algunos. A pesar de todo, habrá una doble moral y saldrán cada día al balcón con sus familias para aplaudir.

Aristóteles tenía razón cuando decía que el hombre actúa mal por ignorar lo que le conviene. Es necesario ignorar profundamente el funcionamiento de nuestra Asociación para afirmar que la realización del Decálogo “no deja de ser una forma de monetizar un momento de crisis nacional”. Creo que, con una visita a nuestra Asociación, en la que conociera el motivo de su nacimiento y la forma de ayudar a quien más lo necesita, sin cobrar un céntimo por dicha tarea, serviría para comenzar a eliminar determinados prejuicios. Pero antes de acudir, le invitamos a que lea las primeras líneas de nuestra Guía y así empezar a conocer nuestros primeros pasos: "Apareciste en mi vida para llenarla de felicidad y te fuiste pronto, demasiado pronto. Mientras, en el camino, fuimos capaces de recibir tu amor cuando todo iba bien y llorar juntos, también con amor, cuando todo se torció por culpa de unos pocos, aquellos que no supieron cuidar a un ser humano tan excelente, único e irrepetible. Sufriste mucho Miguel Ángel, y tus seres queridos contigo, pero tu respuesta ante la adversidad me sirve de ejemplo para luchar hasta el fin de mis días, como tú me enseñaste mi amado hijo". Y es que entre los héroes y heroínas no solo hay profesionales, también hay padres y madres de familia. Personas que han perdido lo que más querían por la imprudencia de algunos. Esto les ha obligado a realizar verdaderas hazañas. Tal es el ejemplo de Doña Carmen Flores López, Presidenta de nuestra Asociación y madre de Miguel Ángel, fallecido por una negligencia médica reconocida judicialmente, cuyo peregrinaje jurídico se eternizó por motivos muy oscuros, hasta el punto de recibir la sentencia cuando su hijo ya había fallecido. Y hablamos de personas porque son quienes realizan las proezas, con independencia de su profesión, como también son quienes comenten las imprudencias. Si alguien es malo o imprudente lo será con independencia de la profesión que ejerza, abogado, juez, electricista o fontanero, da igual. Por esta razón, tampoco resulta conveniente inventar un enfrentamiento entre pacientes y médicos. El enfrentamiento será siempre entre la verdad y la mentira, entre el bien y el mal, entre la razón y la locura, entre la víctima y el agresor, entre unas personas y otras. Muchos, muchísimos de nuestros colaboradores son médicos, enfermeros o auxiliares que han sufrido una imprudencia, tal y como ocurre en estos días en los que han quedado desprotegidos frente al virus o han perdido a sus padres en las residencias, y no por eso tenemos que ubicarles en la casilla de salida de facultativos o pacientes.  La ignorancia es mayúscula cuando aquel abogado de DS Legal Group continúa preguntándose sobre la aportación económica de nuestra Asociación a la sociedad. Una pena valorar a una Asociación en función de sus donaciones y así mezclar valor y precio. No todo se mide por el dinero. Qué más quisiéramos que tener una economía solvente para hacerlas; lo que ocurre es que nuestra Asociación no admite subvenciones para mantener la independencia intacta. Y si algo hemos aportado ha sido la intención de mejorar la sanidad, de salvar vidas, de resolver injusticias, cosa que estamos logrando con modificaciones legislativas y jurisprudenciales, o cambios de protocolos en hospitales. Lo nuestro no es un negocio y si al mes que viene no acuden más víctimas a colaborar es una buena noticia. Por eso, cuando el abogado de dicho despacho escribe que “muchas de las familias que han llevado a profesionales al juzgado y los propios pacientes, espoleados por estas asociaciones o plataformas que les han prometido indemnizaciones” o que “el deseo de compensar las rentas, nos lleva a un aumento de la judicialización de nuestros profesionales sanitarios”, causa hasta sonrojo. Y del sonrojo pasamos a la vergüenza ajena cuando afirma que se están solicitando “indemnizaciones millonarias sobre pacientes que ni siquiera eran visitados por sus familiares en las residencias”. La ficción ya es infinita. Desde luego, no puede estar hablando de ninguna de las familias que se han dirigido a nuestra Asociación y preferimos pensar que ha sido una verborrea desmesurada la que ha llevado a unir tales palabras, que no hacen otra cosa que aumentar el dolor de las víctimas. Unas víctimas que sufren un doble agravio cuando son tratadas injustamente durante el procedimiento judicial. La misma familia de nuestra Presidenta, recibió la insultante cantidad de 12.000 euros por la tetraplejia y posterior fallecimiento de su querido hijo. Palabras y hechos injustos son las que nos mantienen en pie y hacen que nos sintamos más necesarios que nunca. Y cuando no hay frases tan sensacionalistas y apartadas de la realidad como las anteriores, pues hay otras que, sinceramente, resultan absolutamente incongruentes. Así, nos cuenta que “No podemos decir que no existan errores, negligencias o deficiencias” para continuar la frase argumentando que “de existir, estas no se deben a un deseo o dejación del profesional, sino a la extrema dificultad de una ciencia inexacta unida a la asfixiante presión a la que toda la sociedad les sometemos”. El autor parece desconocer por completo el concepto de imprudencia hasta el punto de mezclarlo con el hecho de que la medicina sea una ciencia que, por definición, es inexacta. Y a estas alturas, parece un tanto incómodo tener que recordar que cuando una conducta es declarada imprudente es porque ya se ha sorteado, por completo, el hecho de que la medicina resulte inexacta. Lamentablemente, y a pesar de estar viviendo una situación completamente nueva para todos, nos toca leer determinadas alusiones que, lejos de ser ciertas, causan una profunda tristeza a todos aquellos que llevamos más de 20 años luchando por los derechos de los pacientes, término que incluye a los profesionales de la sanidad, como se desprende del texto del referido Decálogo. No nos cabe la menor duda, el autor del artículo “El respeto al médico: ¿de héroes a villanos?” ignora, por completo, tanto el funcionamiento de nuestra Asociación como la intención del Decálogo al que se refiere, razones que, lógicamente, le han llevado a cometer errores que merecían una adecuada reflexión.

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